Nacionalización petrolera

Nacionalización petrolera

Francisco Javier Chaín Revuelta

Se hace necesario repasar Historia Nacional. Se obedece a un grave problema social. Muchas escuelas privadas y públicas ocultan y/o escamotean a los escolares la diferencia entre lo que es una nación y lo que es un gobierno de bandidos. Ha sido de tal tamaño la descolarización que diputados, senadores y todo tipo de gobernantes, no se la creen que son bandidos, se creen ¡de verdad! siervos de la nación. Todo porque entregan petróleo, energía, minas y más bienes nacionales al imperio del capital. Aparte se creen grandes gobernantes, faraones de las obras públicas, por tirar cemento como locos sobre pueblos y ciudades, sólo por el delirio de acabar con la tierra y las plantas, con la naturaleza, y que al fin, a los mexicanos, se les atrofien las piernas. Sólo para que circulen millones de automotores, infernales máquinas que sangran, mutilan y matan humanos en calles y carreteras y aun más contaminen el aire que respiran sus hijos. La locura total. No olvidar que la Nación es una cosa y el gobierno de los bandidos el infierno.El párrafo 4o del artículo 27 de la Constitución de 1917 dispuso que corresponde a la nación el dominio directo, entre otros recursos del subsuelo, del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. El texto aprobado fue motivo de tensión entre los gobiernos surgidos de la Revolución mexicana y las empresas petroleras, que alegaron derechos adquiridos previamente a la Constitución. (Meyer, Lorenzo, México y Estados Unidos en el conflicto petrolero, 3a. ed., México, El Colegio de México, 1981, pp. 123) El conflicto se planteó con mayor claridad bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas.En 1936 los diferentes sindicatos de las empresas petroleras se unieron para formar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y reclamaron la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Las partes iniciaron las pláticas para buscar un acuerdo, pero sus posiciones eran muy distantes, por lo que en mayo de 1937 estalló una huelga general. Ante la gravedad de la situación que se creó con la huelga, el gobierno federal invitó a los dirigentes sindicales para que abandonaran la huelga y buscaran la solución por medio de la intervención de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a través de un conflicto colectivo económico.El 18 de diciembre de 1937, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictó su laudo, en el que condenó a las empresas a pagar incrementos salariales hasta por 26 millones de pesos. Las empresas interpusieron demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que dictó sentencia el 1o. de marzo de 1938, en la que les negó el amparo. No obstante que habían agotado todos los medios de impugnación y que quedaban obligadas a acatar el laudo de la Junta Federal, las compañías se negaron a cumplirlo. El 8 de marzo el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, se reunió con el gabinete para deliberar sobre las medidas a tomar. El 9 conversó con el general Francisco J. Mújica sobre la expropiación, y el 10 le encargó que redactara el proyecto de manifiesto a la nación, explicando el decreto expropiatorio. Después de esperar en vano una actitud distinta de las compañías petroleras, el 18 de marzo de 1938 dio a conocer el decreto por el cual se expropiaron los bienes de las compañías petroleras.El decreto de expropiación concentró en la nación la propiedad de todos los bienes destinados a la industria petrolera. Esta propiedad a favor de la nación hizo posible que la industria petrolera, en todas sus etapas, quedara bajo su control. Así ocurrió tanto con la exploración como con la extracción, la refinación, el almacenamiento, el transporte y la distribución del petróleo y de los hidrocarburos. fjchain@hotmail.com